¿Y si medimos el litio en hospitales?

El problema de esta abultada cifra es que cuesta dimensionar su real significado para el país. Con US$ 2.000 millones se podrían construir al menos cinco hospitales similares al nuevo Sótero del Río, el más grande de Chile, o financiar el 80% de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago. Este monto permitiría también costear el 18% de la condonación del CAE, expandir los sistemas de inhibidores de celulares en las cárceles (cuya primera fase abarcó al 20% de la población penal con sólo US$ 11 millones), financiar cuatro veces la expansión del sistema de transmisión propuesta por la Comisión Nacional de Electricidad o cubrir el 35% de la deuda histórica con los profesores.

“El Ejecutivo tiene en sus manos un posible doble dividendo: desarrollar una industria del litio sustentable y, a la vez, generar recursos para financiar políticas sociales”.

Los ejemplos sobran para graficar todo lo que el Gobierno podría hacer con estos recursos, incluso avanzando en compromisos de campaña que hoy parecen difíciles de cumplir.

Es importante destacar que el profesor Lagos fue optimista en sus proyecciones. Asumió que, a pesar de las condiciones actuales, se concretarán las inversiones fuera del Salar de Atacama necesarias para alcanzar el millón de toneladas. Si suponemos que SQM y Albemarle aportarán la mitad de esa meta al 2035, los nuevos proyectos deberán producir otras 500 mil toneladas.

Considerando precios y costos promedio, sin impuestos, de US$ 20.000 y US$ 7.000 por tonelada respectivamente, y aplicando las tasas de arrendamiento que cobra Corfo en el Salar de Atacama más el impuesto a la renta, estos proyectos generarían una recaudación fiscal anual de US$ 4.000 millones. Con este flujo permanente, el Gobierno podría financiar políticas públicas de largo aliento, como duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para mejorar la seguridad ciudadana, aumentar la Pensión Garantizada Universal en un 60% o casi triplicar los fondos actuales para la gratuidad en educación superior.

Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno entregue facilidades para concretar los nuevos proyectos con la mayor prontitud. Según reportan las empresas, sus principales dificultades radican en aspectos de permisos y judiciales, más que en temas medioambientales como podría pensarse. Esto implica que el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de lograr un doble dividendo: desarrollar una industria del litio sustentable y, a la vez, generar recursos para financiar políticas sociales que la ciudadanía demanda con urgencia.